La alianza formado por entidades salicales especializadas en el acompañamiento social y jurídico a personas migrantes y refugiadas (SJM España, Cáritas, CEAR y Red Acoge) considera que la nueva normativa, que entra en vigor el 20 de mayo, tiene aun margen de mejora.
Tras meses de incertidumbre, las organizaciones lamentan que el Gobierno de España no hay desplegado con suficiente antelación las medidas organizativas y logísticas para el correcto desarrollo del nuevo Reglamento, así como las orientaciones de aplicación de figuras jurídicas que generan dudas interpretativas y que tienen un impacto importante en muchas personas.
Las entidades hicieron llegar propuestas concretas durante el proceso de reforma del Reglamento de Extranjería. Aunque algunas fueron recogidas, quedaron fuera demandas clave como facilitar la reagrupación familiar o permitir el acceso a una cédula a personas sin pasaporte.
Entre los aspectos positivos destacan la flexibilización de determinados requisitos que permitirán la regularización de algunas personas extranjeras que estén en situación administrativa irregular en territorio español. Por ejemplo, en el caso del arraigo social se reduce en un año el tiempo de residencia exigido para poder solicitarlo y el arraigo socioformativo permite trabajar hasta 30 horas mientras se realiza la formación y una vez finalizada se podrá cambiar el permiso de residencia por uno de trabajo presentando una oferta o contrato laboral. Sin embargo, se mantiene que para un número muy importante de personas sea necesario vivir al menos dos años de manera irregular – con el impacto que esto tiene en sus condiciones de vida – para poder acceder a una autorización de residencia y trabajo.
Pese a los avances, las entidades consideran que hay aspectos relevantes que no se han tenido en cuenta y que suponen un impacto negativo en los derechos de las personas migrantes. En este sentido, alertan especialmente sobre las graves consecuencias que tendrá la aplicación del Reglamento para miles de solicitantes de asilo cuyas solicitudes sean rechazadas o que han desistido de sus solicitudes por temor a las consecuencias de la nueva regulación de extranjería. Estas personas, durante el periodo de tramitación de la solicitud, que suele estar entre uno y dos años, cuentan con una autorización para permanecer y trabajar en el Estado español. Con la reforma del Reglamento, la denegación de la solicitud de asilo supondrá para decenas de miles de personas no solo la pérdida de esta autorización, sino que, deberán esperar dos años más para poder solicitar una autorización por arraigo, porque no se les reconocerá el tiempo de permanencia previo.
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