El 29 de abril se celebraron las XIX Jornada sobre migración de Red Íncola, en la que participó la antropóloga Andrea Ruiz Balzola, haciendo una propuesta para repensar la migración implica ir más allá de los discursos simplificados que dominan el debate público.
El Colegio de la Enseñanza de Valladolid fue el escenario para hablar sobre migración como un fenómeno estructural, no como una emergencia o una crisis. Mientras bienes, capitales e información circulan libremente, la movilidad humana sigue siendo objeto de control y debate político, y en la jornada se abordaron las consecuencias de la migración, entendiéndola como lo que es: un hecho social.
Desmontar el mito de la “invasión”
Andrea subrayó la importancia de basarse en datos y evidencias empíricas al analizar la migración, evitando discursos simplistas o idealizados. Uno de los mitos más extendidos es el de la “invasión migratoria”, aunque los datos muestran lo contrario: solo alrededor del 3% de la población mundial vive fuera de su país de origen, y la mayoría de los desplazamientos son internos o entre países del Sur global. En cuanto a las personas refugiadas, «Europa acoge aproximadamente el 20% del total mundial». Esto permite cuestionar el discurso dominante y replantear el fenómeno en otros términos: «más que una crisis de refugiados, se trata de una crisis de solidaridad y de gobernanza política».
Esta lectura tiene también raíces históricas, El orden colonial construyó una división entre “la comunidad de los europeos” y “la de los otros”, que aún hoy influye en la percepción de la migración y durante la ponencia se pudo entender los «discursos nativistas y políticas de cierre».
Hay que repensar la migración porque migrar requiere recursos, redes sociales, planificación y capacidad de decisión. Quienes migran no son simplemente víctimas de las circunstancias, sino personas que desarrollan estrategias, toman decisiones y proyectan su futuro. Reconocer esta dimensión es fundamental para devolver centralidad y dignidad a las trayectorias migratorias.
La jornada también permitió reflexionar sobre la evolución de las políticas migratorias europeas, que especialmente desde 2015, se han centrado casi exclusivamente en el control de las fronteras. La Unión Europea ha progresivamente externalizado la gestión migratoria, delegándola a países terceros y transformando la migración en una cuestión de seguridad y presión geopolítica, lo que ha contribuido a reducir a las personas migrantes a cifras, debilitando el reconocimiento de sus derechos y de su dignidad.
¿Y la regularización extraordinaria? El debate suele presentarse como una medida excepcional, cuando en realidad pone en evidencia las contradicciones estructurales del sistema migratorio. Por un lado, el mercado laboral europeo demanda mano de obra; por otro, los canales legales de entrada siguen siendo insuficientes. Esto genera un paradigma: se limita el acceso regular y posteriormente se regulariza a personas que ya están insertadas en el tejido económico y social. En este sentido, la regularización no es una excepción, sino el síntoma de un sistema que necesita ser repensado.
Durante el encuentro, Andrea invitó a cuestionar las explicaciones más simplistas sobre la migración, animándonos a reflexionar sobre sus causas reales. Existe la idea de que reducir la pobreza y las desigualdades bastaría para frenar la migración, pero la realidad es más compleja. Los países más pobres no son necesariamente los que más emigran; de hecho, la movilidad suele aumentar con el desarrollo económico, ya que este amplía horizontes, expectativas y posibilidades reales de desplazamiento. En este sentido, la migración no responde de manera directa a la pobreza, sino que se configura como un fenómeno selectivo, vinculado a procesos de transformación económica y social.
El caso español resulta especialmente ilustrativo. España, históricamente país de emigración, se ha transformado en las últimas décadas en un país de inmigración también porque su propio desarrollo económico ha generado una creciente demanda de mano de obra en sectores que gran parte de la población autóctona ya no está dispuesta a ocupar. A ello se suma el envejecimiento demográfico, que convierte la inmigración en una necesidad estructural para sostener determinados sectores productivos. En este sentido, la migración no constituye un obstáculo para el crecimiento, sino uno de sus efectos y, al mismo tiempo, una condición para su continuidad.
De la raza a la cultura: de la diferencia cultural a la jerarquía social
El concepto de cultura se ha convertido en una de las principales formas de explicar las diferencias sociales en el debate sobre la integración. Sin embargo, esta mirada suele funcionar como una forma contemporánea de clasificación de las personas, que recuerda a lógicas históricas de tipo racial.
La cultura aparece así como un dispositivo que diferencia, ordena y jerarquiza, construyendo fronteras entre un “nosotros” y un “ellos” aparentemente culturales, pero con efectos sociales muy concretos. Desde la antropología se han propuesto conceptos como el “fundamentalismo cultural” y el “racismo elegante” para señalar cómo la cultura puede operar como una forma de legitimación de desigualdades.
En realidad, «no son las culturas las que se encuentran, sino las personas, ya que la cultura es un concepto abstracto, plural y cambiante». Por ello, no es posible encasillar a los individuos en función de su origen cultural. Al mismo tiempo, esta producción de categorías no es neutra: contribuye a naturalizar jerarquías sociales, donde los grupos considerados “diferentes” suelen ocupar posiciones más desfavorecidas.
Así, la exclusión no puede explicarse por la cultura, sino por desigualdades estructurales, discriminación sistémica y la ausencia de políticas redistributivas. La integración no debe entenderse como «adaptación cultural», sino como «un proceso de igualdad efectiva en derechos y deberes entre población migrante y autóctona». Como señala Miguel Pajares (2005), su evaluación depende del «acceso real y equitativo al empleo, la educación, la vivienda y los servicios».
Desde esta perspectiva, las segundas generaciones constituyen un indicador clave: si los jóvenes nacidos y socializados en el país no acceden en igualdad de condiciones al mercado laboral, los procesos de integración no están funcionando. En este contexto, la preferencia nacional introduce jerarquías basadas en el origen. Hay una necesidad de desvincular ciudadanía y nacionalidad y de recuperar el principio de residencia, retomando la idea de la ciudadanía en la tradición griega, basada en la participación en la vida común.
Aunque una ciudadanía universal pueda parecer un horizonte utópico, es precisamente esa dimensión la que permite imaginar modelos alternativos de convivencia más igualitarios. La pertenencia se construye en la vida cotidiana compartida, en el hecho de formar parte de una comunidad.
